Más de 2,5 millones de argentinos usan cripto todos los meses como herramienta de pago, ahorro e inversión a través de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) regulados y registrados ante CNV y UIF.

Sin embargo, a pesar del nuevo marco normativo, el Impuesto a los Débitos y Créditos sigue discriminando fiscalmente a estas empresas, debilitando su competitividad.