- Más de 2,5 millones de argentinos usan cripto todos los meses como herramienta de pago, ahorro e inversión a través de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) regulados y registrados ante CNV y UIF.
- Sin embargo, a pesar del nuevo marco normativo, el Impuesto a los Débitos y Créditos sigue discriminando fiscalmente a estas empresas, debilitando su competitividad.
La industria de los activos virtuales se consolidó como actor clave del ecosistema financiero argentino, al aportar soluciones tecnológicas y nuevas alternativas de ahorro e inversión que usan más de 2,5 millones de usuarios todos los meses y que, en 2024, llevó a la que se superaran los 91.100 millones de dólares en transacciones cripto, poniendo a la Argentina como líder del sector en América Latina y el hemisferio sur.
Un paso fundamental para asentar este proceso fue la implementación en 2024 de un marco regulatorio específico para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) —conocidos como “cripto exchanges” y “wallets cripto”— que, registrados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), cumplen hoy con estándares de transparencia, protección al usuario y supervisión prudencial únicos en la región. Las empresas cripto locales, además, son Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), lo que refuerza su compromiso con la legalidad y la prevención de delitos financieros.
Sin embargo, este importante avance regulatorio aún no fue acompañado por un tratamiento fiscal acorde. Los PSAV enfrentan una carga impositiva significativamente mayor que la de otros actores regulados del sistema financiero. En particular, el Decreto 796 —emitido en 2021— excluyó de manera expresa a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) del régimen de exención del impuesto a los Débitos y Créditos (IDC) que sí alcanza a bancos, ALyCs, PSPs y otros actores regulados, generando así una clara desigualdad fiscal. Además, la incertidumbre sobre la posible aplicación retroactiva del impuesto, a partir de intimaciones recibidas por algunas empresas del sector, genera un nivel de riesgo adicional que desincentiva la inversión y dificulta la planificación.
Esta distorsión fiscal limita la competitividad del sector, representa una barrera concreta al desarrollo de una industria estratégica para el país y afecta a los millones de argentinos que utilizan estas plataformas como herramienta de pago, ahorro e inversión. En un contexto en el que se busca fomentar la libre competencia entre monedas y activos, mantener esta discriminación por el solo hecho de operar con activos virtuales va en sentido contrario al modelo de país que se quiere construir.
Por eso, desde la Cámara Argentina Fintech proponemos avanzar en una agenda concreta que permita corregir estas inequidades y que incluya:
- Eliminar la discriminación fiscal hacia los PSAV, otorgándoles el mismo tratamiento impositivo que reciben otros actores regulados del sistema financiero.
- Diseñar un esquema tributario moderno y competitivo compatible con Activos Virtuales, que permita operar con previsibilidad, especialmente en lo referido a impuestos como Ganancias y Bienes Personales.
Argentina atraviesa una etapa de profunda transformación en su estructura económica. El avance hacia una economía más abierta y sin controles de cambio abre oportunidades inéditas para modernizar el sistema financiero, haciéndolo más competitivo, interoperable y eficiente. Pero este proceso también plantea desafíos para los sectores que impulsan la innovación, y que necesitan un entorno regulatorio e impositivo que los acompañe de forma coherente.
Quedó demostrado que el país puede liderar la regulación de la industria cripto. El siguiente paso, impostergable, es consolidar un esquema fiscal justo y previsible. Si logramos remover estas barreras, Argentina podrá atraer más inversiones, generar empleo de calidad y fomentar la innovación en áreas clave como la tokenización de activos, la inclusión financiera y la eficiencia operativa.
Desde la Cámara Argentina Fintech reafirmamos nuestro compromiso de colaborar con el Estado y con todo el ecosistema para que la tecnología y la innovación se conviertan en verdaderos motores del desarrollo económico y social del país.
