La Cámara de Senadores de la Nación sancionó hoy por unanimidad el proyecto de reforma de la Ley 25.246 de “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento para el Terrorismo” (Plaft). Este proyecto incluye modificaciones al Código Penal; administrativas y de funcionamiento de la Unidad de Información Financiera (UIF); y de incorporación de nuevos sujetos obligados, entre otros cambios requeridos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que está de visita en la Argentina para
revisar el alineamiento del país con sus exigencias en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
En este contexto, la Cámara Argentina Fintech reitera su determinación a seguir trabajando por una reglamentación inteligente y progresiva de la norma, que potencie el desarrollo de la industria de activos virtuales -popularmente conocidos como “criptomonedas”-, genere un marco de desarrollo para los Proveedores de Servicios de activos virtuales, proteja a sus usuarios, y formalice el alineamiento del país con estándares internacionales con los que ya cumplen las empresas.
La Cámara y las empresas del sector acompañan desde hace más de un año en mesas de trabajo tanto a la UIF como a la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo fijado por la Ley como encargado del registro, regulación y supervisión de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), figura que agrupa a exchanges y plataformas de operación de las popularmente conocidas como “criptomonedas”.
El objetivo de la Cámara es encontrar una reglamentación que tenga en el centro la protección de los usuarios, un adecuado enfoque de riesgo y un período de adecuación de 18 meses, del mismo modo que se hizo en otros países. Este proceso debe incluir una correcta coordinación entre la UIF, la CNV y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), para asegurar que el ingreso a las plataformas -las llamadas “rampas”- y otros movimientos de dinero fiat no sufran demoras ni haya inconvenientes que afecten a los usuarios.
La industria entiende que, dada la naturaleza de los activos virtuales, un exceso de regulación o de carga fiscal podría implicar la paradoja de una mayor informalidad y tendencia a operar hacia exchanges extranjeros/desregulados, contrariando los objetivos pregonados por la normativa y afectando gravemente a la industria y a los usuarios de las más de 10 millones de cuentas de activos virtuales que usan para pagar, ahorrar e invertir su dinero, como a los PSAV, y posicionar al país como líder global en regulación cripto.
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