Información de la industria

La Cámara Argentina Fintech impulsa una regulación inteligente y progresiva que potencie a la industria de activos virtuales

  • Su objetivo es incentivar la permanencia de usuarios en plataformas reguladas, ampliar el uso de activos virtuales y nivelar su tratamiento con el de otros instrumentos del mercado financiero.
  • Se está trabajando con organismos públicos -UIF y CNV- para estandarizar prácticas de autorregulación que ya aplican las empresas y que contemplen tiempos de adecuación, enfoques de riesgo y protección de los usuarios. 
  • Se impulsa también una propuesta de reforma tributaria, que incluya exenciones y ajustes de la norma vigente, para fomentar la transaccionalidad de activos virtuales en entornos regulados. También un refuerzo en la coordinación de reguladores.


La Cámara Argentina Fintech impulsa una innovadora propuesta de regulación de la industria de activos virtuales, destinada a potenciar el desarrollo del sector, a proteger a sus usuarios y a formalizar el alineamiento del país con estándares internacionales con los que ya cumplen las empresas.

Una comitiva del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está de visita en la Argentina para revisar el alineamiento del país con sus requerimientos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. El aval del GAFI es fundamental, tanto para el Estado como para empresas locales, ya que evitaría que enfrenten límites en el acceso al crédito de organismos multilaterales o en el comercio internacional, por ejemplo.

De allí que, el año pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción a una reforma de la Ley 25.246 de “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento para el Terrorismo” (Plaft), que incluyó reformas al Código Penal y otras modificaciones administrativas. Entre estos cambios introdujo la figura de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), que agrupa a exchanges y plataformas de operación de las popularmente conocidas como “criptomonedas”, como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera (UIF) y registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En paralelo al proceso legislativo -que podría concluir en las próximas semanas con la media sanción restante en la Cámara de Senadores o a través de un decreto presidencial-, la Cámara y las empresas del sector acompañaron a la UIF y la CNV en mesas de trabajo. En estos espacios se está discutiendo una reglamentación de la norma que dé lugar a una regulación inteligente y progresiva, que tenga en el centro la protección de los usuarios, un adecuado enfoque de riesgo y un período de adecuación de 18 meses, del mismo modo que se hizo en otros países.

Este proceso tiene que incluir una correcta coordinación entre la UIF, la CNV y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), para asegurar que el ingreso a las plataformas -las llamadas “rampas”- y otros movimientos de dinero fiat no sufran demoras ni haya inconvenientes que afecten a los usuarios.

La industria entiende que, dada la naturaleza de los activos virtuales, un exceso de regulación o de carga fiscal podría implicar la paradoja de una mayor informalidad y tendencia a operar hacia exchanges extranjeros/desregulados, contrariando los objetivos pregonados por la normativa y afectando gravemente a la industria y sus usuarios por igual.

Para que esta regulación sea completa, precisa de una contracara que compense los costos de adecuación de industria y usuarios. Por este motivo, la Cámara elaboró una propuesta tributaria para ayudar al Estado argentino a dar incentivos y previsibilidad, tanto a los usuarios de las más de 10 millones de cuentas de activos virtuales que usan para pagar, ahorrar e invertir su dinero, como a los PSAV, y posicionar al país como líder global en regulación cripto. Según distintas estimaciones, se calcula que 1 de cada 5 argentinos tiene o tuvo criptomonedas. 

La propuesta busca crear un marco impositivo claro y equitativo para los activos virtuales respecto de otros productos de inversión regulados por la CNV, fomentando su uso cotidiano tanto de personas como de empresas en entornos regulados y evitando gravar pérdidas o ganancias meramente contables.

“Este es un paso significativo hacia la modernización y regulación equitativa de los activos virtuales en la Argentina. Queremos fomentar un entorno propicio para la innovación, el desarrollo económico y la inclusión financiera, en donde el tratamiento normativo y tributario brinde incentivos que estimulen la inversión y el crecimiento de esta industria», señaló Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina Fintech.

En concreto, la propuesta impositiva de la Cámara propone una serie de adecuaciones en los siguientes tributos:

  • Impuesto a las Ganancias

Se propone excluir del Impuesto a las Ganancias los resultados de fuente argentina obtenidos por personas humanas y sucesiones indivisas provenientes de la compraventa y rendimientos de activos virtuales, siempre que intervenga un PSAV inscripto en el registro ante la CNV. Respecto a la valuación de los activos virtuales en los balances impositivos de las empresas, se propone que se tome el costo de adquisición y reconocer la ganancia sólo al momento de la realización del activo, y no por su mera tenencia. Esto evitaría computar ganancias o pérdidas meramente contables, en razón de la volatilidad de algunos activos virtuales.

  • Impuesto a los bienes personales

Se propone eximir del Impuesto a los Bienes Personales a las tenencias de activos virtuales que, al 31 de diciembre de cada año, se encuentren almacenadas y/o custodiadas por un PSAV inscripto ante la CNV. Esta medida, además de ser equitativa con relación a otros productos de inversión, servirá para incentivar a ahorristas a considerar alternativas de inversión distintas del dólar y, al mismo tiempo, consolidar el desarrollo de la industria cripto en nuestro país.

  • Impuesto a los débitos y créditos bancarios

Se propone eliminar cualquier limitante a la exención plena de las cuentas recaudadoras de las PSAVs inscriptas ante la CNV, como sucede con otros intermediarios en activos regulados. Esta es una oportunidad para el Gobierno de eliminar un trato discriminatorio con la industria.

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